La Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal argentina ha acordado solicitar al Gobierno de España que informe sobre si se están investigando en nuestro país los crímenes del franquismo.

De esta forma, la sala declara nula por falta de motivación la sentencia dictada el pasado mes de mayo por la jueza federal de Buenos Aires María Servini de Cubría por la que no se admitía a trámite la querella presentada por dos víctimas republicanas.

En la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la Cámara Criminal y Correccional Federal atiende la medida de los querellantes y pide que "se libre exhorto por vía diplomática, a fin de que el Gobierno español informe si efectivamente se está investigando "la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles y extranjeros partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

En el auto firmado por Horacio Holando se señala que la decisión de la juez federal María Servini de Cubría de archivar la querella "no constituye un auto jurisdiccional válido que dé respuesta, según los parámetros delineados, a la pretensión del querellante que ha acudido a la justicia argentina persiguiendo penalmente a quienes considera responsables de las conductas delictivas que él entiende lo han damnificado".

En la misma línea, el auto destaca también el "agravio de la querella" en cuanto a que encontró que "el fiscal basó su opinión en una hipótesis falsa y sin constancia legal acumulada al expediente que le permita afirmar que el objeto de esta causa es idéntico al que originó la investigación penal en España y que dicha investigación se esté llevando a cabo".

Recuerda igualmente que el derecho a la tutela judicial efectiva "implica que la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, entendiendo a la persecución penal como un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en el que se establezca la existencia o no de la violación a su derecho, se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes".

La querella fue presentada el 14 de abril por familiares de desaparecidos españoles y está respaldada por la Asociación de la Memoria Histórica, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, entre otras asociaciones cívicas.